La nueva Directiva refundida de Eficiencia Energética (UE) 2023/1791, que fue adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo durante este 2023, ha sido publicada oficialmente con fecha de 20 de septiembre en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor en 20 días a partir de esta fecha. Después de su entrada en vigor, todos los Estados miembros de la UE tendrán dos años para transponer los diferentes elementos de la directiva a su legislación nacional.

La Directiva de Eficiencia Energética fue adoptada por primera vez en 2012, y ha sido actualizada en 2018 y 2023, estableciendo reglas y obligaciones para lograr los ambiciosos objetivos de eficiencia energética de la UE.

Las modificaciones de 2018, introdujeron objetivos actualizados de eficiencia energética de al menos el 32,5 % para 2030, según las proyecciones de 2007. Además, se implementó una obligación ampliada de ahorro de energía, especificando objetivos anuales de ahorro de energía para los países de la UE durante el período 2021-2030.

La propuesta de la Comisión para una segunda revisión (una refundición) se presentó en julio de 2021 como parte del paquete «Fit for 55». Esta propuesta incluía un objetivo de eficiencia energética del 9% en comparación con el escenario de referencia de 2020, afirmando el importante papel que debe desempeñar la eficiencia energética en los esfuerzos de Europa para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030, en comparación con los niveles de 1990.

El pasado 25 de julio 2023, como paso previo, el Consejo de la UE concluyó oficialmente las negociaciones sobre el marco jurídico mejorado para la eficiencia energética, que acaba de ser publicado, y marcó el paso final de este proceso legislativo.

El principio fundamental de la política energética de la UE es «la eficiencia energética primero» y ahora, con la publicación oficial de la nueva Directiva refundida de Eficiencia Energética (UE) 2023/1791 este principio obtiene rango legal por primera vez. En términos prácticos, esto significa que los países de la UE deben considerar la eficiencia energética en todas las decisiones políticas y de inversión relevantes tomadas en los sectores energético y no energético.

Pero, en concreto, ¿cuáles son los cambios que se introducen en esta nueva directiva respecto a las directivas anteriores? y ¿qué impacto tendrán en el sector de la edificación? A continuación, un resumen de los puntos más relevantes.

Al establecer un objetivo legalmente vinculante de reducción del 11,7% en el consumo de energía final para 2030 en comparación con el año de referencia 2020, la legislación actualizada introduce una serie de medidas para ayudar a acelerar las prácticas de eficiencia energética. En particular, los países de la UE ahora estarán obligados legalmente a priorizar la eficiencia energética en la formulación de políticas, la planificación y las inversiones importantes. Cada Estado miembro tendrá que fijar su contribución nacional sobre la base de criterios objetivos que reflejen las circunstancias nacionales.

Se acuerda incrementar el ahorro energético anual del 0,8% (actualmente) al 1,3% (2024-2025), luego al 1,5% (2026-2027) y al 1,9% a partir de 2028. Eso es un promedio del 1,49% de los nuevos ahorros anuales para el período 2024-2030. Sin duda esto impulsará las exigencias de ahorro de energía en sectores críticos como el de la edificación y, en especial, la rehabilitación de edificios existentes.

Otro punto destacable es que la definición de “Pobreza Energética” se incluye en la legislación y se obliga a los países de la UE a priorizar las mejoras de eficiencia energética para los clientes vulnerables, los hogares de bajos ingresos y las personas que habitan en viviendas sociales. Los ingresos generados por la extensión del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE a los edificios podrán ser utilizados para este fin a través del Fondo Social para el Clima.

Además, la nueva directiva pone énfasis en la creación de ventanillas únicas, asesoramiento técnico y financiero y protección al consumidor a través de mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos. Respecto a esto, se plantean mejoras para identificar y eliminar barreras relacionadas con los incentivos para rehabilitaciones energéticas en inmuebles destinados al alquiler, entre inquilinos y propietarios o entre múltiples propietarios.

Y para promover la financiación de la eficiencia energética y facilitar las inversiones, incluidas las del sector privado, los países de la UE tienen que trabajar para promover esquemas de financiación innovadores y productos crediticios verdes, garantizando un acceso más amplio a través de inversiones transparentes basadas en datos y en informes de objetivos conseguidos.

En cuanto al sector público, la directiva refuerza aún más el papel ejemplarizante que debe desempeñar, introduciendo un objetivo de reducción anual del consumo de energía del 1,9% para el sector público en su conjunto y la ampliando a todos los niveles de la administración pública de obligación anual de renovación de edificios del 3 %.

El sector público también jugará un papel impulsor en el desarrollo del mercado de servicios energéticos. Los Contratos de Eficiencia Energética tendrán prioridad en los de proyectos de eficiencia energética, siempre que sea posible. Los organismos públicos también deberán considerar los requisitos de eficiencia energética a la hora de tomar decisiones de compra de edificios, productos y servicios, fomentando mejoras sistemáticas.

La nueva legislación también promueve la realización de planes de calefacción y refrigeración urbanas eficientes en los municipios de mayor tamaño, endureciendo los requisitos mínimos gradualmente en los próximos años para lograr un suministro urbano de calefacción y refrigeración totalmente descarbonizado para 2050.

De todo lo anterior se deduce que es imprescindible disponer de servicios profesionales y mano de obra con las capacidades y habilidades necesarias para lograr con éxito los objetivos de mejora de la eficiencia energética. Por ello, se apunta que los países de la UE deberán garantizar que haya oportunidades de certificación y cualificación disponibles para las profesiones relacionadas con la eficiencia energética, punto muy importante a tener en cuenta en el sector de la construcción y rehabilitación de edificios.

Finalmente indicar que, según todas las previsiones, también incluida dentro del paquete de medidas del “Fit for 55”, en breve se aprobará también una nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios, que actualmente se encuentra de negociación entre los estamentos europeos. Esperemos que los niveles de ambición planteados en las propuestas iniciales se reflejen en el texto definitivo y contribuyan a un impulso aún mayor para la rehabilitación del parque de edificios existentes y para total descarbonización del sector de la edificación. 

Inés Leal

Asesora Experta ESG en temas Sostenibilidad, Energía y Nuevas Tecnologías en Edificación y Ciudad